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Nuestro estado se ha fijado un objetivo ambicioso: convertirnos en uno de los sistemas educativos con mejor rendimiento del país para 2030. Sin embargo, nuestra fórmula de financiación escolar, que tiene ya 15 años, no fue diseñada para alcanzar ese objetivo, y cada año que retrasamos la reforma, dejamos atrás a más estudiantes.

Como copresidentes de una comisión de expertos sobre financiación educativa, hemos pasado el último año examinando el sistema de Rhode Island desde todos los ángulos. Reunimos a las partes interesadas, que a veces están en desacuerdo —profesores y superintendentes, líderes de escuelas autónomas y distritales, funcionarios municipales y defensores de la comunidad— y les pedimos que llegaran a un consenso sobre un sistema de financiación modernizado que se centre en los niños en las aulas y en la responsabilidad fiscal real para garantizar el éxito de los estudiantes. Y lo hicieron. Fue un esfuerzo de equipo, y les estamos agradecidos por dedicar su tiempo, plantear preguntas difíciles y comprometerse a pesar de las diferencias.

Las recomendaciones de la Comisión se basan en las lecciones aprendidas en todo el país: el marco de responsabilidad de California, los requisitos de participación local de Connecticut, el apoyo de Michigan a los estudiantes multilingües, entre otros. Hemos estudiado lo que funciona en todo el país y lo hemos adaptado a Rhode Island.

La fórmula de financiación actual de Rhode Island no proporciona a los estudiantes el apoyo que merecen. No cubre los gastos básicos, como el transporte de los estudiantes a la escuela y el mantenimiento de edificios seguros. Eso obliga a los distritos a tomar decisiones imposibles entre reparar techos con goteras y contratar especialistas en lectura. No reconoce que los diferentes estudiantes tienen diferentes necesidades y generan diferentes costos. Deja a los distritos luchando por cubrir gastos inesperados, lo que les quita tiempo para lo que más importa: la enseñanza y el aprendizaje. Y, lo que es más importante, no ofrece ningún mecanismo para garantizar que el dinero se traduzca en un mejor rendimiento.

El enfoque que propone la Comisión soluciona estos problemas mediante la creación de un sistema centrado en los estudiantes, con una fórmula ponderada por estudiante que envía más dinero del estado a los distritos escolares para satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes con desventajas económicas, los estudiantes multilingües y los estudiantes con discapacidades. Apoyaría adecuadamente los programas de formación profesional y técnica de alto costo. Además, el estado asumiría la responsabilidad de los gastos impredecibles, como los servicios de educación especial de costo extraordinariamente alto, que actualmente obligan a los distritos a adoptar un modo de presupuestación de crisis.

La rendición de cuentas es el núcleo de nuestras recomendaciones, porque el simple aumento del presupuesto estatal para educación no mejorará los resultados de los estudiantes. La Comisión propone una nueva Junta de Responsabilidad Fiscal para garantizar la transparencia en la forma en que los distritos gastan el dinero de los contribuyentes y si ese gasto mejora el aprendizaje de los estudiantes.

Los distritos estarían obligados a informar públicamente no solo de sus presupuestos, sino también de sus progresos en la reducción de las diferencias de rendimiento. Y el uso sistemático del Plan Contable Uniforme del Estado mostraría a los habitantes de Rhode Island, desde la Cámara de Representantes y los ayuntamientos hasta las aulas, exactamente dónde se invierten los fondos destinados a la educación.

Para los distritos que tienen dificultades para alcanzar los objetivos, recomendamos un sistema de apoyo por niveles. En primer lugar, se ofrece asistencia técnica. A continuación, para las comunidades que siguen teniendo dificultades, se proporcionaría una intervención estatal intensiva como forma de apoyo. El objetivo no es castigar, sino establecer una colaboración centrada en el éxito de los estudiantes.

Esta propuesta reestructura la forma en que compartimos los costos educativos entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Hace que los gastos actuales sean transparentes en lugar de ocultos.

Al exigir a los municipios que financien la educación en función de su riqueza inmobiliaria, nos aseguramos de que todos paguen lo que les corresponde. Podemos pedir esto con confianza a las ciudades y pueblos porque el sistema propuesto incluye medidas de rendición de cuentas sólidas que crean tanto transparencia financiera como mejores resultados, abordando las preocupaciones legítimas de los contribuyentes sobre la financiación de sistemas escolares en los que no confían para utilizar el dinero de manera eficaz. Y al depender más de las estructuras fiscales a nivel estatal, abrimos la oportunidad de aliviar los impuestos locales sobre la propiedad, al tiempo que eliminamos parte de la volatilidad presupuestaria que socava la planificación local.

La educación no es solo un imperativo moral, es una necesidad económica. Una mano de obra bien formada impulsa la prosperidad. Cada día que funcionamos con el sistema de financiación actual, no estamos gastando los dólares de los impuestos de manera eficiente y estamos limitando el potencial de nuestros hijos.

Las recomendaciones de la Comisión representan un consenso genuino que trasciende las divisiones tradicionales. Con la ayuda del equipo del Instituto Annenberg de la Universidad de Brown, hemos realizado la investigación, examinado las pruebas de todo el país y elaborado una hoja de ruta.

Todos los estudiantes de las escuelas públicas de Rhode Island, así como los educadores, se beneficiarán de este nuevo sistema.

Ahora es el momento de adoptar este sistema de financiación integral, eficaz y eficiente. Nuestros hijos nos están observando y nuestro futuro económico depende de las decisiones que tomemos.

El presidente y director ejecutivo de la Fundación Rhode Island, David N. Cicilline, y la Dra. Nora E. Gordon, profesora distinguida de Políticas Públicas en la Escuela McCourt de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, copresiden la Comisión Blue Ribbon.

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