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La Fundación Rhode Island considera que un cambio duradero requiere algo más que las donaciones benéficas tradicionales. Exige una colaboración estratégica, una defensa bien fundamentada y la voluntad de abordar de frente los problemas complejos. Desde 2011, el Fondo de Liderazgo Cívico de la Fundación ha puesto en práctica esa filosofía, invirtiendo más de 5 millones de dólares en soluciones sistémicas en todo el estado.

Los resultados hablan por sí solos. Una inversión de 100 000 dólares para impulsar el Bono de Vivienda de 2024 ayudó a conseguir 120 millones de dólares para viviendas asequibles en todo el estado. A través de Together RI 2024, la Fundación creó espacios en los que 2000 habitantes de Rhode Island compartieron sus puntos de vista en todas las comunidades. Y una colaboración de larga duración con el Instituto Annenberg de la Universidad de Brown ha estado sentando discretamente las bases para una de las iniciativas políticas más ambiciosas de la historia reciente del estado: un rediseño integral de la fórmula de financiación de las escuelas públicas de Rhode Island.

Una fórmula que ha quedado obsoleta

Rhode Island tiene una ambición audaz: situarse entre los sistemas educativos con mejor rendimiento del país para 2030. Pero la fórmula de financiación destinada a impulsar ese objetivo no se ha actualizado en 15 años, y se le nota el paso del tiempo.

Esa es la conclusión principal de una Comisión de Expertos sobre la financiación de la educación, que pasó el año 2025 auditando el sistema estatal de arriba abajo. Copresidida por el presidente y director ejecutivo de la Fundación, David Cicilline, y la Dra. Nora Gordon, profesora distinguida de Política Pública en la Universidad de Georgetown, la comisión reunió a una insólita coalición de docentes, superintendentes, líderes sindicales, de escuelas concertadas y de distrito, funcionarios municipales y defensores de la comunidad. El objetivo: alcanzar un consenso más allá de las divisiones tradicionales y elaborar una hoja de ruta modernizada.

Lo que no funciona

La fórmula actual presenta importantes lagunas. No cubre los costes operativos básicos, como el transporte de los alumnos o el mantenimiento de los edificios, lo que obliga a los distritos escolares a elegir entre reparar las infraestructuras y contratar personal. Trata a todos los alumnos por igual, independientemente de sus diferentes necesidades y costes. Y no ofrece ninguna forma de garantizar que el dinero se traduzca realmente en mejores resultados para los alumnos.

La solución

La propuesta principal de la Comisión se centra en una fórmula ponderada por alumno, un modelo de financiación que destina más fondos estatales a los distritos en función de las necesidades específicas de sus alumnos. Los alumnos en situación de desventaja económica, los alumnos multilingües y los alumnos con discapacidades generarían fondos adicionales. Los programas de formación profesional y técnica de alto coste recibirían el apoyo adecuado. Y el estado absorbería los gastos impredecibles (como los servicios de educación especial de coste extraordinariamente elevado) que actualmente empujan a los distritos a una gestión presupuestaria de crisis.

La Comisión se basó en modelos de todo el país, incluyendo el marco de rendición de cuentas de California, los requisitos de financiación local de Connecticut y el enfoque de Míchigan para apoyar a los alumnos multilingües, adaptando cada uno de ellos al contexto de Rhode Island con el apoyo de la investigación del Instituto Annenberg.

La rendición de cuentas en el centro

La comisión sostiene que el dinero por sí solo no resolverá el problema. Por eso su propuesta incluye una nueva Junta de Responsabilidad Fiscal para supervisar cómo gastan los distritos los fondos públicos y si ese gasto influye en el rendimiento de los alumnos. Se exigiría a los distritos que informaran públicamente sobre los avances en la reducción de las brechas de rendimiento, y unas prácticas contables estandarizadas harían que el gasto en educación fuera transparente para todos, desde los legisladores estatales hasta los contribuyentes locales.

Para los distritos con dificultades, el plan ofrece un sistema de apoyo por niveles: primero asistencia técnica, seguida de una intervención estatal más intensiva para aquellos con problemas persistentes. El objetivo no es el castigo, sino la colaboración.

Las recomendaciones de la Comisión esperan ahora la respuesta de los legisladores estatales. Para la Fundación de Rhode Island, se trata de la puesta en práctica del enfoque del Fondo de Liderazgo Cívico: respaldado por la investigación, impulsado por coaliciones y centrado en resultados que perduran más allá de cualquier ciclo presupuestario concreto.

Las recomendaciones completas de la Comisión Blue Ribbon están disponibles en rifoundation.org/fairfunding.